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Published: 27 abril, 2021

Se teme un colapso judicial en las inmobiliarias por la demora de los desahucios

Las familias más venerables después de que el pasado miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la ampliación del 9 de mayo al 9 de agosto de la prohibición de desahuciarlas de sus alquileres así como la posibilidad de prorrogar por seis meses más los contratos sin modificación de las condiciones.

Tanto los representantes de lo inquilinos como los que defienden a los propietarios son conscientes de que está lejos de ser la solución al problema de acceso a la vivienda al que se enfrentan cada vez más las familias vulnerables españolas. “Tal vez algunas puedan recuperar su capacidad de pago cuando las restricciones por la pandemia terminen, pero no parece fácil”, reconoce Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com.

 

Los propietarios reclaman al Estado una compensación y ayudas directas a las familias vulnerables

Inquilinos y propietarios coinciden que la medida no es más que una patada hacia adelante que simplemente retrasa un conflicto que acabará en los tribunales. “Ampliar la medida ayuda a las familias, sin duda, pero también implica que podrá haber más situaciones de conflicto y cuando finalmente se levante la prohibición van a saturar los juzgados”, afirma Font.

En principio, esta suspensión de los desahucios afecta solo aquellos inquilinos que no pagan cuyo casero sea un gran propietario (según esta medida, los que tienen más de 10 inmuebles en propiedad), pero la conflictividad en cuanto a ocupaciones de vivienda está afectando a todos los propietarios por igual. Si no son grandes, sí pueden acudir a los juzgados “El problema es que las ocupaciones están muy bien asesoradas y las estrategia para demorar las medidas judiciales está ya retrasando mucho la resolución del problema”, advierte Iñaki Unsain, personal shopper inmobiliario de Barcelona.

Este profesional explica que según su experiencia en el mercado barcelonés, la ocupación de viviendas es un conflicto que va más allá del propietario y el inquilino moroso o el ocupa. “Afecta a todo el vecindario. Se han generado conflictos por ruidos, insalubridad, conflictos personales que también están acabando en los tribunales”, afirma.

Además, este experto inmobiliario advierte de otro efecto colateral para el que ni jueces ni políticos tienen una solución, que es la devaluación de las propiedades colindantes. “Si quieres vender una propiedad y hay un conflicto con un ocupa en el edificio o en las inmediaciones eso afecta negativamente al precio de venta. Mucho inversor en Barcelona está saliendo del mercado por miedo a este efecto”, asegura.

Desde la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) ponen el foco en otro punto conflictivo. “Aún no se conoce el real decreto que debe regular las compensaciones a grandes tenedores tras la paralización de lanzamientos, a pesar de haberse superado el plazo de tres meses desde la aprobación del RD 37/2020 que paralizaba los desahucios sin alternativa habitacional”, advierten.

Pero más que añadir más conflictividad al problema, lo que reclaman los propietarios es que el Gobierno ponga en marcha “medidas eficaces que vayan a la raíz del problema, la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible, y que generen la seguridad jurídica necesaria para desarrollar este mercado”. Mientras esas medidas estructurales llegan, insisten en su reclamación estrella: que el Estado deje de trasladar el problema de la dificultad económica de las familias a los propietarios de vivienda y apruebe un fondo de 700 millones de euros para cubrir las necesidades habitacionales de los diferentes colectivos más vulnerables.

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